El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, desde que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró como tal en su conferencia por el medio ambiente y el desarrollo celebrada en Río de Janeiro.
Y es que un recurso esencial para la vida como el agua bien se merece un día mundial para conmemorarlo, pero desgraciadamente también para recordar y denunciar que el acceso al agua y saneamiento no es, a día de hoy, un derecho garantizado para todas las personas, no sólo en los países empobrecidos, sino también entre las personas y colectivos más desfavorecidos en los países ricos o desarrollados.
Se estima que casi 800 millones de personas padecen escasez de agua potable y esto se traduce en que cada año mueren más personas a causa del agua insalubre que por muerte violenta, incluidas las muertes en guerras.
El agua es vida, es imprescindible para la vida, y también un recurso escaso que debemos proteger y gestionar de manera justa, equitativa y sostenible, garantizando su acceso a toda la población.
Alrededor del día 22 de marzo se han celebrado en todo el planeta actos de reivindicación de este derecho y de denuncia del acaparamiento y privatización de un recurso natural que es patrimonio de todos y todas.
Tradicionalmente, las luchas más intensas de la sociedad civil por un acceso justo al agua han sido una constante en países empobrecidos, en especial en diversos países de Latinoamérica, como por ejemplo México, donde recientemente Amnistía Internacional denunciaba las amenazas de muerte recibidas por activistas comunitarios de Coyotepec, todos ellos miembros de un grupo ecologista que defiende el derecho al agua.
Pero ante la oleada de neoliberalismo imperante que todo lo privatiza: educación, sanidad, espacios públicos… el agua no se escapa, y cada vez son más los colectivos, también de los llamados países desarrollados, que se levantan en defensa de este derecho. Es el caso de Europa, donde la iniciativa ciudadana Rigth2Water (Derecho al agua) ha movilizado a 2 millones de personas para exigir un compromiso legal para evitar que la gestión de los recursos hídricos se liberalice y clamar para que se garantice el agua como servicio público para toda la ciudadanía.
En el Estado español, diversas organizaciones, en el marco de esta iniciativa, han entregado el 21 de marzo una carta al Ministro de Exteriores y Cooperación, el Sr. José Manuel García-Margallo, en la que se exige al Gobierno de España un mayor compromiso con el Derecho Humano al Agua, con medidas concretas para garantizar el acceso al agua y saneamiento a toda la población mundial.
Entre otras, se pedía coherencia entre todas las políticas, que se siga promoviendo el asunto del agua en los fórums internacionales y que la Unión Europea y sus Estados miembros velen para que los recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento se inviertan teniendo en cuenta la sostenibilidad, la equidad y la participación de las comunidades locales.
Ahora más que nunca tenemos que luchar coordinadamente en red para que la gestión del agua (y de muchos otros recursos y servicios) siga siendo un servicio público que vele por el derecho humano al agua y el saneamiento para todas las personas. Desde medicusmundi seguiremos bien atentos los movimientos de nuestros Gobiernos al respecto y seguiremos trabajando en nuestros proyectos de cooperación sanitaria en la mejora del saneamiento en centros los sanitarios y las comunidades, entendiendo la salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino contemplando todos los determinantes sociales que inciden en ella, siendo el acceso al agua y el saneamiento uno de los capitales.
