El Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 promulgado por el PP acabó con el carácter universal de la sanidad en España, expulsando teóricamente del sistema a cientos de miles de personas en situación administrativa irregular o en otras situaciones. Algunas Comunidades Autónomas intentaron paliar sus efectos, dando acceso al sistema de salud a las personas excluidas por el RDL. De manera reiterada, el Tribunal Constitucional ha negado la competencia de las CCAA en esta materia y ha anulado sus normativas. El RDL formaba parte de un paquete de «austeridad» (aunque por sí mismo no representaba un gran ahorro) que incluía recortes, reducción de plantillas y ampliación de copagos. Entre todas estas medidas, se ha producido un debilitamiento del sistema de salud con graves consecuencias para la salud de los ciudadanos en general y de algunos colectivos en particular.
Seis años después del RDL, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la recuperación de la universalidad de la salud. El 20 de junio de 2018, treinta organizaciones, incluyendo a Medicus Mundi, REDER, PASUCat y ODUSALUD (de las cuales también formamos parte) asistimos a una reunión convocada por la Ministra de Sanidad, Carmen Montón, para hacerle llegar nuestras recomendaciones. La Ministra se comprometió a estudiar su incorporación en una nueva normativa.
Pero resulta que las normativas no son suficiente si no se aplican. Desde 2013, organizaciones como REDER, ODUSALUD y PASUCat, hemos estado detectando casos de exclusión sanitaria que van incluso en contra de las disposiciones del restrictivo RDL 16/2012 (que, por ejemplo, garantiza la atención a menores de edad y embarazadas) y contra las normativas autonómicas que se desplegaron para suavizar el Decreto. Y así lo hemos estado demostrando año tras año con nuestros informes.
Por ejemplo, el 23/10, en el Colegio de Periodistas de Cataluña, la PASUCat presentó el informe «6 años de exclusión sanitaria, el impacto del real decreto ley 16/2012 en Cataluña», seguido de una mesa redonda con representantes de diferentes grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña.
Desde 2013, la PASUCat ha documentado 375 casos de exclusión sanitaria, que estimamos que son una pequeña parte de los casos reales, la punta del iceberg, ya que nuestra capacidad de detección es limitada. De los 375 casos registrados, 175 tenían empadronamiento vigente, que es uno de los requisitos para acceder a la sanidad. Se han comprobado vulneraciones de acceso a la sanidad en 20 mujeres embarazadas, 91 menores de edad (dos de ellas embarazadas) y 12 personas refugiadas, solicitantes de asilo o de protección internacional. Se han contabilizado 108 denegaciones o facturaciones indebidas de atención urgente.
Las barreras burocráticas para acceder a la tarjeta sanitaria son muchas: solicitud de documentación innecesaria, desconocimiento e informaciones erróneas por parte de la administración… pero el mayor obstáculo sigue siendo las dificultades que ponen los municipios por el empadronamiento de las personas extranjeras.
El 02/07 salió publicado en el BOE el texto definitivo de un nuevo RDL, el 7/2018, que pretende garantizar la sanidad universal. Desde la PASU_Cat, valoramos que el texto es un avance, pero que no acaba de garantizar suficientemente el derecho a la asistencia sanitaria. Pedimos a los partidos políticos con representación parlamentaria que tanto el reglamento de este RDL como la futura Ley sobre Sanidad Universal subsanen las carencias del RDL. Ahora que la Fiscalía ha retirado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana 9/2017, de universalización de la sanidad, con lo cual ésta vuelve a estar vigente, pedimos a la Conselleria de Salut de la Generalitat que redacte el cuanto antes el Reglamento de esta ley de manera que solucione las carencias del RDL 7/2018 y la Ley catalana 9/2017, con procedimientos flexibles y garantistas que eviten la buroexclusión.
Tras la presentación del informe, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Carla Benito (Diario de la Sanidad) con la participación de Gemma Espigares (Grupo Parlamentario ERC), Assumpta Escarp (GP PSC), Vidal Aragonés (GP CUP) y Davide Malmusi (en representación del GP En Comú – Podem). Los grupos JxCat, PP y C también habían sido invitados.
Todos los representantes de los grupos parlamentarios se mostraron a favor de desarrollar un reglamento de la Ley 9/2017, con la participación de la sociedad civil, que solucione los problemas de exclusión detectados en el informe. En concreto, que prevea mecanismos alternativos al padrón para demostrar el arraigo. También coincidieron con la importancia de acabar con las barreras de obtención del padrón en los municipios catalanes.
Desde la PASU_Cat estaremos vigilando, como siempre, que estas promesas se cumplan y que las leyes y normativas se apliquen correctamente.
Francesc Alvarez
Director
medicusmundi mediterrània
