Problemas como el cambio climático, el pico del petróleo o los miles de muertes prematuras debidas a la contaminación del aire de las ciudades están acelerando los planes para descarbonizar la economía europea en todos los ámbitos, y el transporte en particular. La Unión Europea se plantea como objetivo reducir los vehículos con combustión interna a la mitad en 2030 y eliminarlos progresivamente de las ciudades en 2050, sustituyéndolos por coches eléctricos. A nivel local, el Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado la Estrategia de movilidad eléctrica, que prevé una flota municipal 100 % eléctrica en 2030, mientras que la flota de transporte público y taxis lo será en 2040.
Sin embargo, a pesar de esta voluntad de las políticas actuales para favorecer una transición verde, buena parte de las materias primas necesarias para la fabricación de los vehículos eléctricos, especialmente las baterías, provienen de países empobrecidos con fuertes conflictos socioambientales derivados de la creciente demanda de estos recursos. ¿Qué representa la apuesta por el vehículo eléctrico en términos de impactos en terceros países? ¿Cómo puede contribuir la administración pública a disminuir los riesgos de vulneraciones de derechos laborales, sociales y ambientales en estas cadenas de suministro mediante sus procesos de compra?
Medicus Mundi Mediterrània presenta el informe Minerales críticos en conflicto y alternativas por la justicia global desde la compra pública: el caso del vehículo eléctrico, elaborado por Raúl Velasco-Fernández, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la UAB y Alfons Pérez, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
El informe recoge información sobre los problemas potenciales de la expansión masiva del vehículo eléctrico y baraja formas de minimizarlos desde las administraciones públicas. En primer lugar, se examinan los riesgos e impactos socioambientales de los minerales críticos en conflicto más relevantes asociados a la fabricación de vehículos eléctricos: el litio, el níquel, el cobalto, el grafito, el manganeso y las tierras raras. En una segunda parte, se discuten alternativas más allá de la tecnología y se investiga cómo abordar los problemas expuestos desde las instituciones, haciendo un énfasis particular en la compra pública y en la consulta preliminar al mercado como herramienta para dialogar e incidir en las empresas proveedoras. En este sentido, se han llevado a cabo una serie de talleres con ONG y movimientos sociales, personal de administraciones públicas y sindicatos para estudiar diferentes visiones, estrategias y dificultades, así como para explorar nuevas prácticas sociales, más allá de la compra pública responsable, desde una mirada de cambio de modelo.
